a Monarquía, en sus diferentes concepciones y modalidades, ha venido
siendo de modo predominante la forma de Gobierno, o de máxima
organización del poder político, que se ha conocido en España y en sus
territorios adyacentes e insulares a lo largo de la Historia. En este
sentido, la historia político-institucional de España, como la de otros
países europeos, es en parte la historia de su Monarquía y sus Reyes.
Ya reinos
míticos de la antigüedad, como Tartesos en el sur peninsular, o los
pueblos tradicionalmente asentados en toda Iberia desde la Edad de los
Metales —íberos, celtas y otros— adoptaron de manera mayoritaria formas
de gobierno y de poder de definición y estructura monárquicas.
La
civilización romana en la Península a partir de finales del siglo III
a. de C. consolidó esa tendencia al incorporar la Península —desde
entonces conocida como Hispania— al marco del Imperio Romano. Éste se
afirmó como una construcción política netamente monárquica desde la
plena incorporación de Hispania en tiempos del primer Emperador,
Augusto. Hispania dio a Roma algunos de sus principales emperadores,
como Trajano —que extendió sus fronteras desde las islas Británicas a
Mesopotamia, incluyendo la actual Rumanía; Adriano y Marco Aurelio
—conocidos por la impronta cultural, filosófica y artística que legaron;
o Teodosio el Grande, que dividió definitivamente el Imperio en dos
partes, posibilitando de este modo la existencia y continuidad de un
gran Estado de cuño grecolatino en el orbe oriental —el Imperio Romano
de Oriente, comúnmente llamado Imperio bizantino— hasta los albores de
la Edad Moderna a mediados del siglo XV.
El colapso y la desintegración del
Imperio Romano Occidental, en gran parte propiciados por la incursión de
pueblos de origen germánico organizados también al modo monárquico,
trajeron consigo la articulación de reinos independientes en las
antiguas provincias romanas. En Hispania, se instaló a partir del siglo V
d. de C. el pueblo visigodo que, oriundo del norte de Europa, venía
transitando por territorio romano desde hacía varios siglos. Ya el Rey
Ataúlfo, primer monarca visigodo que reina en Hispania todavía bajo
soberanía formal romana, adoptó disposiciones regias en lo que se
considera una muestra de ejercicio de poder real autónomo en España hace
mil seiscientos años. Posteriormente, con el Rey Leovigildo y sus
sucesores, se alcanzó en los siglos VI y VII una forma de unidad
política, territorial, jurídica y religiosa del territorio hispánico
tras ser reducidos algunos poderes rivales como el Reino suevo instalado
en el noroccidente peninsular y tras unificar códigos legales para su
aplicación indistinta a los pobladores de origen romano y godo y al
lograrse la unidad religiosa en torno al catolicismo tras el definitivo
apartamiento del arrianismo.
La Monarquía hispanogoda, que se
reconoció política y legalmente heredera y sucesora de Roma en la
Península, constituye la primera realización efectiva de un Reino o
Estado independiente de ámbito y territorialidad plenamente hispánicos.
Su Corona o jefatura máxima tuvo carácter electivo al ser seleccionados
sus monarcas dentro de una determinada estirpe.
El derrumbamiento del Reino
hispanogodo como consecuencia de sus conflictos intestinos y de la
conquista musulmana dio comienzo al largo proceso convencional e
históricamente denominado Reconquista. En varios núcleos cristianos del
norte peninsular —particularmente en Asturias— se constituyeron reinos y
espacios articulados monárquicamente que, de manera paulatina e
ininterrumpida, procedieron a recuperar el territorio peninsular
teniendo como referente el extinguido Reino hispanogodo y como objetivo
su plena restauración.
Asturias, Galicia, León y Castilla,
así como Navarra, Aragón y los condados catalanes consolidaron sus
solares originarios y ampliaron sus territorios favoreciendo también la
creación de nuevos reinos en los espacios adyacentes. Así se articularon
en la Península e Islas otros reinos como Portugal, Valencia y
Mallorca. Por aquellos siglos, el sector peninsular correspondiente a
al-Andalus, se organizó, como el cristiano, al modo monárquico
constituyéndose, según los distintos periodos, el Emirato y el Califato
de Córdoba y, después, los reinos de Taifas.
Cabe destacar que tanto en
la Hispania cristiana heredera de la tradición hispanorromana e
hispanogoda como en al-Andalus se organizaron institucionalmente las más
altas percepciones de las cosmovisiones monárquicas que imperaban en el
mundo de entonces. Así, si en la Europa occidental el máximo rango
político-formal correspondía al Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico, en la España cristiana fueron varios los Reyes
—particularmente Alfonso VI y Alfonso VII de León y de Castilla— que
asumieron la dignidad de Emperador de España o de las Españas. En
tierras hispanomusulmanas, monarcas de Córdoba adoptaron los títulos de
Emir y Califa al igual que sus contrapartes del universo islámico
afroasiático con centros en Damasco o Bagdad.
La culminación de la Reconquista a
fines del siglo XV tuvo como resultado la extinción del espacio
hispanomusulmán y la convergencia política y territorial de las
principales Coronas españolas, las de Castilla y Aragón, con unos mismos
monarcas, los Reyes Católicos Isabel y Fernando. A esa unión monárquica
se incorporaron poco después el Reino de Navarra y, a finales del
siguiente siglo, con Felipe II, el Reino de Portugal, lográndose así la
completa unión peninsular hispánica, o ibérica, en el marco de una
Monarquía común. Coetáneamente, y también con posterioridad, durante los
siglos XVII y XVIII, la Monarquía de España adquirió una dimensión
planetaria con la consiguiente incorporación de territorios y reinos en
diferentes continentes. Los pueblos y territorios de América se
organizaron como los de las tierras andaluzas después de las conquistas
de tiempos de Fernando III el Santo. Lo mismo que en Andalucía se
formaron reinos —los de Jaén, Córdoba, Sevilla, y posteriormente
Granada— en Indias también se constituyeron reinos con virreyes como
delegados del monarca, en Nueva España, El Perú y posteriormente, en
Nueva Granada y en el Plata, por lo que el Rey se consideraba sucesor de
los emperadores autóctonos, como se quiso expresar mediante las
esculturas de Moctezuma, último emperador azteca, y de Atahualpa, último
emperador incaico, situadas en una de las fachadas del Palacio Real de
Madrid.
El título o tratamiento tradicional de Católicos concedido
a los Reyes de España por el papa Alejandro VI en 1496, a Fernando,
Isabel y sus sucesores, hizo referencia en su momento a la concreta
adscripción religiosa del monarca y a su defensa de la fe católica,
aunque también denotaba, según ciertas interpretaciones, una proyección
de carácter ecuménico y universalista en un momento en el que, por
primera vez en la historia del mundo, un poder político —en este caso la
Monarquía Hispánica— alcanzaba una dimensión global con soberanía y
presencia efectiva en todos los continentes —América, Europa, Asia,
África y Oceanía— y en los principales mares y océanos —Atlántico,
Pacífico, Índico y Mediterráneo.
Consecuencia del proceso histórico
acumulativo e incorporador de la Monarquía española fueron las
específicas titulaciones utilizadas por los Reyes de España. Junto al título corto —Rey
de España, o de las Españas— que hace referencia sintética al solar
originario de la Monarquía, se utilizó oficialmente en cada reinado y
hasta el siglo XIX el título grande o largo con
explícita mención de los territorios y títulos con los que reinaba el
monarca español, con los que habían reinado sus antepasados o sobre los
que se consideraba tenía legítimo derecho. Sirva como muestra la extensa
titulación de Carlos IV, todavía en 1805, plasmada en la Real Cédula
que precedía al texto legal de la Novísima Recopilación de las Leyes de España con ocasión de su promulgación: “Don
Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de
las Dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña,
de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de
Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias
Orientales y Occidentales, islas y Tierra firme del mar Océano;
Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de Milán; Conde
de Apsburg, de Flandes, Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya y de
Molina”. Cabe subrayar que la vigente Constitución Española, en su artículo 56.2, señala que el título del Jefe del Estado “es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona”.
Como vértice superior del Estado
monárquico, a la Corona le correspondió en tiempos medievales y en el
Antiguo Régimen las máximas y más amplias funciones gubernativas y, por
ello también, una especial responsabilidad tanto en los aciertos como en
los errores.
Sancho III el Mayor, Rey de Navarra,
ya en el siglo XI reunió bajo su trono una parte sustancial de la España
cristiana. Sin embargo, al igual que otros Reyes medievales hispanos y
por causa de una tradicional visión patrimonialista de la Monarquía,
dispuso que se dividieran sus dominios tras su fallecimiento. El Rey de
León Alfonso IX se adelantó a su tiempo convocando en 1188 las primeras
Cortes de la historia europea con participación ciudadana, noble y
eclesiástica. Fernando III el Santo unificó definitivamente los Reinos
de Castilla y de León dando un impulso irreversible a la Reconquista.
Alfonso X el Sabio favoreció la cultura y las artes, además de
establecer los fundamentos legislativos y hacendísticos de una nueva
forma de Estado monárquico. Jaime I de Aragón y sus sucesores afirmaron
la unión política de los territorios de la Corona aragonesa y su
expansión ultramarina mediterránea.
Ya en la Edad Moderna,
los Reyes Católicos, además de completar la Reconquista y posibilitar el
descubrimiento del Nuevo Mundo, impulsaron el Derecho de Gentes
—embrión y base del futuro Derecho Internacional— así como una
legislación indiana, nueva en su tiempo por la protección de derechos
que propugnaba y la alternativa expulsión-conversión al cristianismo de
la población judía en España. Carlos I, que con los recursos políticos,
económicos y militares de España sumó a sus dominios el Sacro Imperio
Romano Germánico y, sobre todo, los grandes Imperios y territorios
americanos de México y Perú, se convirtió por ello en uno de los
monarcas más famosos de la Historia Universal, más conocido como Carlos V
el Emperador. No obstante, dio término a los movimientos que en España
luchaban por las libertades de las ciudades en torno a 1520. Felipe II,
unificador de la Península al incorporar Portugal a la Corona —y que
previamente había sido Rey de Inglaterra e Irlanda por vía matrimonial—
representó el apogeo de la Monarquía Hispánica en el mundo, la cual
mantuvo una posición preeminente de hegemonía con Felipe III y Felipe IV
—el Rey Planeta—, hasta mediados del siglo XVII. Tras el
periodo ilustrado del siglo XVIII, impulsado por soberanos como Felipe
V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV siguieron tiempos de
inestabilidad política, económica y social con motivo de las
consecuencias de la guerra contra los ejércitos de Napoleón
Bonaparte entre 1808 y 1814.
El tránsito del Antiguo
Régimen al Estado Liberal es también el tránsito de la soberanía como
competencia del Rey a la soberanía como atributo exclusivo de la Nación y
así se estableció en Cádiz con la Constitución de 1812. En ese proceso
de traslación de la titularidad de la soberanía hacia el pueblo, el
monarca se afirmó como la máxima representación institucional y personal
de la Nación soberana. Esta traslación es fundamental para comprender
la identidad final del Rey en la actualidad como Jefe del Estado y
representante máximo de la Nación en la cual reside la soberanía.
A la muerte de Fernando VII y en
tiempos de su viuda, la Reina Gobernadora María Cristina de Borbón, se
favoreció el cambio político para culminar en la Constitución de 1837,
con lo que España pasó de estar regida por una monarquía absoluta a que
la soberanía residiera en la Nación. El siglo XIX español —que viviría
un breve periodo republicano— fue testigo de guerras internas entre
isabelinos y carlistas. Al mismo tiempo, durante el reinado de Isabel
II, España experimentó cambios de gran trascendencia económica, política
y social, al establecer sistemas monetario, hacendístico e
institucional propicios a fomentar un proceso de industrialización
fundado en los grandes cambios en los transportes (especialmente con el
ferrocarril) y en las comunicaciones, y con una legislación que
favoreció la creatividad y las iniciativas empresariales.
El periodo de la Restauración iniciado
en 1875 con Alfonso XII acabó en 1931 con la proclamación de la II
República y el final del reinado de Alfonso XIII. Fueron años de gran
crecimiento económico fundado en la industrialización de España,
favorecido por la neutralidad durante la primera guerra mundial. En
1947, ocho años después del final de la Guerra Civil Española y en pleno
régimen dictatorial, se estableció por Ley que España era un Estado
constituido en Reino.
El acceso de Su Majestad el Rey Don
Juan Carlos I a la Jefatura del Estado en 1975 favoreció e impulsó la
Transición a un régimen democrático de libertades plenas y a un Estado
social y de Derecho consagrado en la Constitución de 1978. Los decenios
transcurridos desde entonces se consideran los de mayor progreso
económico y social de toda la Historia contemporánea de España.
***
Al linaje real español, que tiene sus
raíces en las familias reales de los antiguos reinos cristianos
hispánicos de la Alta Edad Media, se adscribieron en cada periodo
histórico diferentes casas dinásticas, cada una de ellas con un apellido
específico con el que se designó a la familia real. Así, aunque se
admite convencionalmente y desde criterios clasificatorios e
historiográficos que sobre la totalidad de España desde su unificación
han reinado las Casas de Trastámara, Austria y Borbón, en realidad
existe una continuidad dinástica y de linaje que liga genealógicamente
al actual titular de la Corona de España, S. M. el Rey Don Felipe VI,
con la generalidad de los Reyes españoles de las Edades Moderna y
Contemporánea y con los más remotos monarcas de los reinos medievales
peninsulares.
